La ley 11/21 sobre medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal introduce una serie de importantes cambios sobre la forma de facturar de las empresas. Sobre todo en la relación entre clientes-proveedores y la prestación de servicios B2B, servicios a otras empresas.
Aunque esta ley fue aprobada en el 2021, no va a surtir plenos efectos hasta los ejercicios 2026 – 2027; cuando se espera que esté asentada por completo la factura electrónica; una de las medidas estrella de la ley. Pero esta ley es mucho más que la nueva factura digital. Lo iremos desgranando a lo largo de este artículo.
El tema de las facturas falsas, o de dudosa veracidad, uno de los asuntos que aborda esta ley, es un problema extendido en la sociedad y en la vida económica. La mayoría de las facturas que se emiten son verídicas (los datos son ciertos y hacen referencia a productos y servicios que se han vendido), pero encontramos facturas fraudulentas en empresas de diferente tamaño y relevancia.
Uno de los casos más mediáticos, como recoge el periódico El País, fue el del fraude de 350.910 € y 15 facturas falsas realizado por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. El empresario reconoció el delito con la intención de llegar a un acuerdo con la fiscalía para reducir las penas. En ese mismo proceso, demandó al Fiscal General del Estado por revelación de secretos. Este es un caso único en la historia de la justicia española. Un delincuente confeso que denuncia al fiscal y gana el juicio. No vamos a valorar la noticia, no es el momento, ni es el lugar. Solo hemos querido señalarlo para ilustrar que el fraude fiscal es un fenómeno real y extendido.
El fraude fiscal en cifras.
El blog del banco Bankinter cifra el fraude fiscal en España en unos 20.000 millones de euros. Para mantener esta afirmación se apoya en un estudio que realizó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA.
Para realizar estos cálculos, la fundación partió de cotejar los datos que se expresan en las declaraciones del IRPF con documentos, no solo facturas, que se corresponden con los movimientos declarados. Para ello, estudiaron una muestra extensa y representativa de la sociedad española.
En las rentas de trabajo; es decir, las retribuciones que cobran los trabajadores por cuenta ajena, no se aprecia ningún fraude. La situación económica de los trabajadores está totalmente controlada por el fisco. El problema los encontramos en las rentas de capital inmobiliario, donde puede haber variaciones de hasta un 39%, y en el capital empresarial, donde se han encontrado desfases de hasta un 50% entre lo declarado y lo registrado.
Según las conclusiones de este estudio, el fraude fiscal en España está entre el 3,5 y el 4% del PIB. Un porcentaje muy alto.
El problema de la investigación de Fedea es que es imparcial e impreciso. Su estudio se centra en el IRPF, dejando de lado otros tributos como el Impuesto de Sociedades y la liquidación del I.V.A.
Con su enfoque, limita el campo de estudio a los trabajadores por cuenta ajena y a los trabajadores autónomos, excluyendo de la investigación a las sociedades mercantiles (empresas).
El colectivo de los autónomos está, además, estigmatizado en el aspecto fiscal. Cuando por la limitación de los volúmenes económicos que pueden mover, tal vez sea uno de los que menos impacto tenga en el fraude global del país.
Partiendo de las limitaciones de la proyección de Fedea, ya que este estudio es un cálculo estadístico, no es un registro real, es posible que el fraude fiscal en España sea aún mayor.
Los cambios de la Ley antifraude.
La ley 11/21 se centra en hacer un seguimiento detallado de las operaciones comerciales que se realizan entre las empresas, entre los profesionales y entre estos dos colectivos. Asentando criterios de mayor transparencia y trazabilidad; es decir, que se pueda hacer un rastreo de los movimientos comerciales y económicos y de los documentos que lo registran.
En este sentido, limita el importe de los pagos en efectivo entre las empresas a 1.000 €. A partir de esta cantidad, cualquier pago debe realizarse por métodos bancarios (transferencia, cheques, pagarés…) que permiten realizar un mayor control de las operaciones.
Esta ley regula tanto el comercio nacional como internacional. Se investigan las operaciones comerciales que se realicen con empresa de otros países, tanto de la Unión Europea como fuera de ella. En este sentido, se fiscalizan hasta los pagos que se realicen por criptomonedas. Un medio de cambio que, hasta ahora, escapaba del control total de Hacienda.
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es el control de los pagos por Bizum. Un asunto que viene recogido en el texto legal y que ha sido concretado a posteriori por Decretos-Ley aprobados por el gobierno. A partir del 1 de enero del 2026, los bancos están obligados a informar a Hacienda, cada mes, de la cantidad de operaciones por Bizum que se han efectuado en sus cuentas y de la cuantía económica total.
La ley antifraude va a introducir una serie de modificaciones en la forma de tributar de las empresas. Anteponiendo la tributación online y las comunicaciones digitales entre Hacienda y los contribuyentes por delante de las vías que se utilizaban hasta ahora. Lo vamos a comprender mejor en los siguientes puntos. Estas son algunas de las novedades destacadas de la ley:
La factura electrónica.
Las empresas que superan los 80 millones de euros anuales en operaciones entre empresas (B2B) están obligadas a utilizar este sistema de facturación desde el 2025. Esta medida pretende mejorar el control fiscal, aumentar la transparencia y reducir el fraude.
La implantación total de este modelo no está siendo sencilla. El principal reto se encuentra en el tejido empresarial formado por pequeñas empresas y trabajadores autónomos, donde todavía existe cierta reticencia a adoptar el sistema digital. En muchos casos, esta resistencia se debe al desconocimiento de cómo funciona la factura electrónica o a la idea de que supone un cambio complejo en la gestión del negocio.
Antes de profundizar en su funcionamiento, conviene aclarar qué es una factura electrónica. No se trata de guardar una factura en formato PDF, ni de escanear un documento en papel para enviarlo por correo electrónico. La factura electrónica es un documento que se genera a través de programas de facturación autorizados, diseñados para garantizar la autenticidad del emisor y la trazabilidad del documento. Estos sistemas están preparados para cumplir con los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria y facilitan el control de las operaciones comerciales.
A pesar del avance de este sistema, la factura tradicional en papel seguirá existiendo en determinados contextos, especialmente en el comercio minorista. Cuando un consumidor realiza una compra en una tienda física, puede solicitar una factura y esta puede entregarse en papel sin perder validez legal. En cambio, cuando las operaciones se realizan entre empresas o con administraciones públicas, la factura electrónica se convierte en el formato obligatorio.
Según explica el portal oficial Facturae, impulsado por el Gobierno, una factura electrónica es un documento que se emite y se recibe en formato digital y cuya validez depende de que el destinatario acepte la factura. Al igual que ocurre con las facturas tradicionales, debe incluir todos los datos fiscales necesarios para identificar tanto al emisor como al receptor, como el nombre o razón social, el domicilio y el número de identificación fiscal.
Para que una factura electrónica sea válida debe cumplir varios principios fundamentales. En primer lugar, debe ser legible, lo que significa que la información que contiene puede interpretarse correctamente por sistemas informáticos. Esto se consigue mediante formatos estructurados como XML, que permiten que los datos sean procesados automáticamente por programas de contabilidad de administraciones públicas y entidades financieras.
Otro aspecto esencial es la autenticidad. Este principio garantiza que la factura ha sido emitida realmente por la persona o empresa que figura como emisora. Para asegurar esta identificación se utiliza la firma electrónica u otros mecanismos de validación digital reconocidos por la Agencia Tributaria.
También es imprescindible garantizar la integridad del documento. Esto significa que el contenido de la factura no puede ser modificado sin que quede constancia de ello. Los programas de facturación registran cualquier cambio realizado, lo que permite seguir el historial completo del documento.
Veri*Factu.
Relacionado con la factura electrónica, otro cambio que introduce la ley es el sistema Veri*Factu.
El sistema Veri*Factu es una herramienta digital que se están implantando para reforzar el uso de la factura electrónica y mejorar el control fiscal sobre la facturación de las empresas. Este sistema establece una serie de requisitos técnicos que deben cumplir los programas de facturación utilizados por los negocios, con el objetivo de garantizar que las facturas emitidas sean seguras, trazables y verificables por la agencia tributaria.
En la práctica, Veri*Factu obliga a que los software de facturación estén adaptados a un modelo que permita registrar correctamente todas las facturas emitidas y conservar un historial completo de las operaciones realizadas. Estos programas deben ser capaces de generar registros inalterables que documenten cada factura y cualquier modificación posterior que pueda realizarse sobre ella. De este modo, se evita la manipulación de documentos y se refuerza la transparencia en las operaciones económicas.
El sistema contempla dos formas de comunicación con la administración. Por un lado, las facturas pueden enviarse de forma inmediata, en el mismo momento en que se emitan. En ese caso, el software transmite automáticamente una copia o un registro de la factura, lo que permite a la administración tener constancia casi en tiempo real de la operación. Este envío no impide que posteriormente se puedan realizar correcciones, ya que el propio programa registra todas las modificaciones realizadas, indicando cuándo se han hecho y quién las ha hecho.
La segunda posibilidad es el envío diferido. En este caso, las facturas no se remiten de forma automática, pero el sistema conserva toda la información registrada para que pueda ser consultada o enviada cuando sea necesario, por ejemplo, durante las declaraciones trimestrales del IVA.
Para las empresas, la principal consecuencia de Veri*Factu es que deberán utilizar programas de facturación homologados por Hacienda. Este cambio supone un paso importante hacia la digitalización. Por ello, muchas pymes y trabajadores autónomos ya están empezando a adaptar sus sistemas para cumplir con las nuevas obligaciones antes de que su aplicación sea totalmente obligatoria.
Prohibición de software de doble uso.
Quedan prohibidos aquellos programas informáticos o aplicaciones que permitan llevar contabilidades distintas (paralelas), ocultar ingresos o modificar datos.
En este sentido, los desarrolladores de ERP Loop, una programa de facturación integral para empresas diseñado por Suite Loop, un estudio español de programación informática que se dedican a crear software de gestión para empresas, señala que los programas de gestión empresarial deben asegurar la trazabilidad y seguridad de cada operación.
Según estos especialistas, la integración va a ser la clave que tire de la digitalización de las empresas. A partir del programa que emite la factura digital se podrán gestionar otras áreas relacionadas con el funcionamiento de la empresa, como el plan de contabilidad, el control de inventario, los encargos a proveedores, etc. Utilizando herramientas digitales sincronizadas y automatizadas.
Endurecimiento de las sanciones.
Por último, otro aspecto que destaca la consultora Líder I.T. respecto a esta ley es el endurecimiento de las sanciones. Por ejemplo, el empleo de un software de doble uso o no homologado, mientras antes tenía una multa de 50.000 €; ahora pasa a tenerla de 150.000 €.
Los recargos por retrasos en los pagos a Hacienda también se verán amonestados. Aplicándoles una multa del 1% del importe que se añade al recargo del 20% mensual.
Por otro lado, la ley recoge un aumento de reducciones de entre el 25 y el 40% por pronto pago en deudas con la Agencia Tributaria y la posibilidad de rebajar hasta un 60% el monto de la deuda en actas de acuerdos de pago.
Aunque el gobierno ha retrasado la aplicación de algunos artículos de la ley, con la intención de facilitar el uso general de la factura electrónica; es innegable que esta ley cambia la forma de facturar de las empresas. Por lo que cuanto antes se adapten a la ley, mejor para ellas.
