Cualquier empresa antes de funcionar busca un buen asesoramiento fiscal, laboral y contable. Para ello contrata una asesoría. Sin embargo, respecto a la necesidad de un buen asesoramiento legal hay menos conciencia. Las empresas se percatan de ello cuando tienen el problema encima y, a veces, es demasiado tarde.
Todos los ámbitos en los que se desenvuelve una empresa están regidos por el derecho. Por esta regla de tres, el trabajo con un abogado, bien sea interno o externo, debería ser una prioridad básica para cualquier empresa, con independencia de su tamaño.
Las grandes empresas lo saben. De hecho, suelen contar con un departamento legal con abogados en plantilla o contratan a un bufete en el que delegan el tratamiento de todos los asuntos legales.
Esta situación cambia radicalmente cuando estamos hablando de pymes. Las pequeñas y medianas empresas solo recurren a un abogado cuando la situación se ha complicado. En estas circunstancias, corren de manera desesperada en busca de un profesional que pueda llevar su caso.
Un buen asesoramiento previo, probablemente, hubiera podido evitar la situación complicada en la que se hallan.
Como veremos a lo largo de este artículo, la asistencia legal a las empresas debe ser integral y multidisciplinar. Igual que para una asesoría no se contrata a una que lleve las nóminas y a otra diferente que gestione los impuestos, con un abogado habría que buscar un bufete que pudiera atender todas las áreas y posibles conflictos que pudieran salpicar a la empresa.
Un equipo jurídico que trabaje con una empresa debería cubrir diferentes campos. Para eso, la empresa puede suscribirse o afiliarse a un bufete en términos de membresía, como hacemos con un seguro. Que pagamos una cuota mensual y recurrimos a él cuando lo necesitamos. O como mínimo, tendría que tenerlo localizado. Estas son las áreas que deben cubrir los abogados que trabajan con una empresa.
Derecho laboral.
Los conflictos laborales son con mucho los principales asuntos jurídicos que atañen a las empresas. El periódico económico Cinco Días señala que el año pasado, en el 2024, se tramitaron 356.427 demandas laborales en los juzgados. 8 de cada 10 demandas de despido se resolvieron a favor del trabajador. La indemnización media por despido improcedente en el 2024 fue de 13.273 €. Una cantidad nada desdeñable.
En muchos procedimientos laborales, aunque el titular de la asesoría con la que trabajamos sea un graduado social, no pude hacerse cargo del caso o no es la opción más adecuada. Los graduados sociales solo representan a sus clientes en juicios laborales en primera instancia. En el momento en el que se presenta un recurso, la asistencia del graduado social no es competente.
Por otro lado, para impugnar un despido o un conflicto laboral, el trabajador suele recurrir a un abogado, con frecuencia de un sindicato. Un profesional especializado en esta rama del derecho.
El ordenamiento jurídico laboral español es garantista. Protege en primer lugar los intereses del trabajador. Esto hace que un abogado laboralista de empresa sea ante todo un buen negociador. Que evite, en muchos casos, que el juicio llegue a su fin, encontrando una solución beneficiosa para la empresa.
Derecho mercantil.
Los abogados de Román Abogados, un bufete de Villena (Alicante) con más de 35 años de experiencia, opinan que la asistencia jurídica en materia de derecho mercantil es fundamental para cualquier empresa.
Estos abogados trabajan ligados al día a día de la compañía. Son los encargados de redactar los contratos de compraventa y suministros; y los de negociar, cuando sea pertinente, las cláusulas que condicionen cualquier relación comercial.
Antes de firmar un contrato con unos proveedores, cualquier empresa debería revisar el borrador con su abogado de cabecera. Y asegurarse de que no hay ninguna cláusula escondida en la letra pequeña que le pudiera perjudicar. De esta manera se evitarían muchas complicaciones que aparecen en este tipo de relaciones.
Estos abogados alicantinos que hemos consultado nos indican, además, que la capacidad negociadora es una habilidad básica para cualquier abogado mercantil. Cualquier disputa entre empresas se dirime mediante la conciliación. El procedimiento judicial es el último recurso. Tanto si es nuestra empresa acreedora como deudora, a ambas situaciones le interesa que el conflicto se resuelve de común acuerdo, de una manera amistosa.
Derecho fiscal y contencioso-administrativo.
Impugnar una multa que nos ha impuesto Hacienda o cualquier administración pública, o negociar el fraccionamiento del pago de una sanción administrativa, es una de esas situaciones, por desgracia habituales, en las que las empresas suelen verse envueltas.
Aquí sucede algo parecido a lo que pasa con el tema laboral. Nuestra asesoría nos puede orientar respecto a cómo abordar el asunto. Pero en determinadas circunstancias, la efectividad de su representación es cuestionable.
Litigar contra el Estado tiene sus propias reglas. Es un camino difícil de transitar. Para hacerlo es necesario contar con profesionales que conozcan las piedras que podemos encontrar en el camino, y los recovecos a emplear para sortearlas.
Las deudas con las administraciones públicas, junto a algunas que podemos contraer con los bancos, son, tal vez, las más difíciles de condonar. Son un tema peliagudo. Una losa que va aumentando su peso con el transcurrir del tiempo, debido a la acumulación de recargos y de intereses, que pueden llegar a comprometer la existencia de la empresa. Cuando no, cerrarle las puertas para beneficiarse de ayudas públicas o impedir que firmen contratos interesantes con otras administraciones.
Derecho concursal.
El concurso de acreedores es una situación particular que se da dentro del derecho mercantil y que requiere un tratamiento específico. Asistido por abogados que tengan experiencia y conocimiento sobre este procedimiento.
El blog jurídico Sello Legal describe el concurso de acreedores como el procedimiento judicial que se pone en marcha cuando una persona, física o jurídica, se encuentra en situación de insolvencia. Es decir, cuando es incapaz de poder hacer frente a sus deudas.
Según la ley, el único requisito para poder declararse insolvente es la incapacidad para saldar deudas pendientes. La declaración de insolvencia solo puede dictarla un juez. Para ello, debe estudiar el patrimonio y la situación económica del afectado.
Frente a lo que algunas personas piensan, la declaración de insolvencia no condona las deudas. Tan solo paraliza los embargos. Pone en marcha un proceso de liquidación del patrimonio y los medios del deudor, para poder solventar las cantidades debidas, de manera total o parcial, partiendo de una orden de prioridades dictada por el juez. Es el concurso de acreedores.
Por su complejidad, una empresa afectada por un proceso concursal debe estar asesorada por un abogado desde el inicio del procedimiento.
Responsabilidades civiles.
Esta es otra área donde una empresa necesita asesoramiento jurídico. Sobre todo si la situación que ha suscitado el pleito da lugar a indemnizaciones o reposiciones de alta cuantía o que vayan a suponer un menoscabo de la reputación de la empresa.
La responsabilidad civil hace referencia a los daños o perjuicios que hubiera generado la empresa a terceros por el desempeño de su actividad. Se presupone que son daños producidos de manera involuntaria, si se aprecia intencionalidad, podríamos incurrir en responsabilidades penales.
Aunque bien es cierto que existen seguros de responsabilidad civil, y que para algunas actividades es necesario suscribirlos, también es real que en ocasiones las indemnizaciones que reclaman los afectados pueden ser superiores a la cantidad que entrega el seguro, o que la situación concreta no está contemplada entre las contingencias de la póliza.
Aquí, nuevamente, la capacidad de negociación del abogado es clave para defender los intereses de la empresa. O al menos, que la demanda le afecte lo menos posible.
En el derecho civil, el juez interviene como una especie de mediador que promueve el acuerdo entre las partes. Solo cuando este no se produce, o es manifiestamente injusto para uno de los litigantes, emite sentencia.
Propiedad industrial.
Los conflictos derivados de la propiedad industrial o intelectual son más frecuentes de lo que pensamos. Hace referencia al uso de marcas, patentes o al empleo o captación indebida de información sensible que afecta a los productores y a las empresas.
Un juicio sobre propiedad intelectual que tuvo cierta relevancia fue la denuncia que impuso la empresa andaluza de perfumería Ruy Perfume, antes conocida como Campomar, cuando denunció a la multinacional Nike por sacar una fragancia con su nombre. Esta empresa llevaba comercializando una colonia para hombres con el nombre de “Nike” desde 1940.
Un juez de Sevilla dio la razón a la empresa andaluza y obligó a la multinacional a retirar su perfume a nivel internacional, ya no solo en el mercado español.
El auge del comercio online, y la relativa facilidad para crear una marca o lanzar un nuevo producto al mercado, ha puesto en primera plana el problema de la propiedad industrial.
En este terreno, un abogado no solo puede ayudarte a dirimir conflictos, sino que puede guiarte en el proceso de registro para conseguir que tu marca y producción esté lo mejor protegida posible.
En lo que se refiere a la asistencia jurídica a las empresas, esta debe ser lo más completa y variada posible.
